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Wednesday :: 16 / 05 / 2012
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Universidades > Universidades del pais > Historia de Universidades
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Las universidades en el Perú influyen en el desarrollo de sus provincias, y a cada una de ellas las une historias con su población.
Conviene advertir, de inicio, que la institución universitaria es hija de la Cristiandad europea medieval, y se vincula al renacimiento urbano de sus etapas finales. En este contexto tienen lugar asociaciones gremiales para el desarrollo y protección de los intereses de un mismo oficio, artesano o mercantil. Y así surge también la universidad, como corporación de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual: universitas magistrorum et scholarium. Se trata, pues, de un gremio de maestros y aprendices en torno a los nuevos métodos intelectuales desarrollados desde el siglo XII: planteamiento de un problema (quaestio), argumentación en torno al mismo (disputatio) y búsqueda de una conclusión sintetizadora (sententia, conclusio). De este modo, junto al afianzamiento del Derecho canónico y romano, quedaba inaugurado un método dialéctico aplicable a la filosofía y a la teología.
El gremio de maestros universitarios (universitas magistrorum) se reservaba el derecho de admisión y aprobación de los aprendices, promoviéndolos, en su caso, a la maestría mediante una licencia o graduación. Esta graduación, que habilitaba para enseñar, se convertirá en la llamada licentia ubique docendi que, por patrocinio pontificio a estos gremios de estudiosos (especializados en cánones o teología...) pasa a poder ejercerse en todo el orbe de la Cristiandad romana. De este modo, la validación papal de los grados otorga a nuestros intelectuales una dimensión supraterritorial, y los libera de la tutela de escuelas y poderes eclesiásticos preexistentes. Al mismo tiempo, estos gremios de estudiosos van a recibir la protección de emperadores y reyes, interesados en el desarrollo de la burocracia y del derecho. Poco a poco, van desbordando el ámbito territorial cercano, a partir de privilegios y franquicias reales, que otorgan independencia y autonomía jurídica respecto a los poderes civiles locales y los concejos municipales.
El juego de la doble protección, pontificia y regia, va configurando las peculiaridades de unas corporaciones de amplia proyección, con autonomía económica, administrativa y jurídica. Se va gestando la imagen de una Cristiandad de cultura superior unificada, con el latín como instrumento lingüístico de intercambio, planes de estudio semejantes en las universidades existentes, y una movilidad potencial de eruditos y estudiosos.
Resulta, pues, clarificador, considerar a la universidad como una institución docente con otorgamiento de grados reconocido por autoridad del Rey y del Pontífice (auctoritate regia et auctoritate pontificia). Si carecían de alguna de ellas quedaban en una categoría intermedia, como centros de estudios (studia) generales o particulares. Es por ello que, en ocasiones, puede producirse una cierta confusión entre los términos studium y universitas.
El concepto de studium generale se identifica para algunos autores con el de universitas que, progresivamente, habría ido usurpando la significación de aquél y ascendiendo desde su etimología originaria de corporación. En este sentido, un estudio general sería el lugar en donde se impartirían saberes múltiples y habría sido ratificado por una autoridad ecuménica: Papado, Emperador o Rey. Así lo encontramos en el título XXXI, partida 2, de Las Partidas de Alfonso X el Sabio. Según este autor, la amplitud de saberes de un studium generale debía comprender artes/filosofía, gramática y retórica, aritmética, astrología, cánones y leyes. Asimismo, según Las Partidas, los reyes eran emperadores en sus reinos y, por ello, tenían potestad para la creación de las universidades. Otros autores consideran que el término studium generale se vinculaba al ámbito restrictivo de un Reino, y que el de universitas fue denotando una mayor apertura internacional y de validez de graduación.
De cualquier forma, sí queda claro que por estudio particular se entendía el que no cumplía con una suficiente oferta de saberes, o se restringía localmente, por procedencia de escolares y maestros, o por la autoridad que lo había constituido (municipio, orden religiosa, obispo...). Manifiestamente, un estudio particular no poseía la ratificación de poderes ecuménicos como el pontificio o el de los emperadores (y reyes).
Hacia el siglo XIII, en los reinos de Castilla y León, por iniciativa y apoyos regios, van a establecerse las primeras universidades ibéricas. Entre 1208 y 1214 aparece Palencia, erigida por Alfonso VIII de Castilla, a partir de la escuela catedralicia, y con la colaboración del obispo Tello Téllez. Hacia 1218, Alfonso IX de León funda Salamanca, también en estrecha vinculación a una preexistente escuela de la catedral. Posteriormente, hacia mediados de siglo, los reyes castellanos apoyan el desarrollo de Valladolid, en cuyo núcleo originario parece existir una escuela municipal o abacial. Puede observarse con claridad una tendencia a que cada reino poseyera su studium generale, del mismo modo que ocurría en el resto de la Península. En Aragón es Jaime II quien erige Lérida en 1279/1300; y el rey don Dionís funda la Universidad de Lisboa en 1288/90, posteriormente trasladada a Coimbra en 1308.
Este apoyo regio fue, posteriormente, completado por las bulas papales de reconocimiento: Alejandro IV para Salamanca (1255) y Clemente VI para Valladolid (1346). Así como las bulas de 1300 y 1290 para Lérida y Lisboa.
El debilitamiento de los poderes monárquicos en la Castilla bajomedieval irá unido a los apoyos otorgados por el papado de Avignon durante el Cisma de la Iglesia (1378-1417), el cual se muestra interesado en procurarse centros universitarios favorables a su causa. De este modo, las universidades castellanas estrechan sus relaciones con la Curia pontificia, y el Pontífice se convierte en la instancia de referencia y consolidación de las universidades de la Corona de Castilla en el siglo XV. Influencia que se mantendrá hasta las paulatinas medidas de control monárquico y estatal que se inician con los Reyes Católicos.
En contraste con este proceso, en la mayor parte de las universidades de la Corona de Aragón existió siempre una mayor dependencia de los intereses locales y municipales. De modo que se mantiene una intervención directa de las oligarquías civiles y eclesiásticas, tanto en aspectos financieros como en cuestiones de administración y régimen interno.
En otro orden de cosas, estas universidades ibéricas creadas en el siglo XIII estuvieron orientadas preferentemente hacia los estudios jurídicos (cánones y leyes civiles) y las necesidades burocráticas de la Iglesia, la administración del Estado y los oficios reales. El modelo más cercano fue, por ello, el de Bolonia, con destacada importancia de la corporación de alumnos y predominio del derecho. Todo ello en contraste con el modelo nórdico (París, Cambridge...), en el que predomina la corporación de profesores, el peso progresivo de las organizaciones colegiales, y el prestigio de las artes liberales y los estudios teológicos. La teología únicamente se incorporó, por privilegios papales, a partir de fines del siglo XIV y principios del XV. Hasta entonces, y dado el monopolio de las graduaciones de la Universidad de París, se impartían clases en estudios y conventos particulares de dominicos y franciscanos. Pero, desde el siglo XVI, por las repercusiones de las reformas religiosas, y tras el Concilio de Trento, la teología aumentó mucho su influencia, al tiempo que se fue diversificando en escuelas múltiples, vinculadas a las órdenes religiosas.
Pero esto ocurrirá más tarde. Las universidades meseteñas de la Edad Media se polarizaban hacia el derecho, preferentemente eclesiástico o canónico, y atraían a canónigos, prebendados, clérigos y aspirantes a la burocracia eclesiástica y la justicia del Rey. En estas universidades se hacía, por lo tanto, carrera eclesiástica hacia los beneficios y dignidades, o bien carrera civil hacia los oficios del Rey. La teología y filosofía constituían una patrimonio muy vinculado a las órdenes religiosas; y a todo ello se añadían unos cuantos estudiantes de medicina. Frailes, canónigos catedralicios y algunos juristas constituían el profesorado habitual.
Los
alumnos se reclutaban en las diócesis cercanas, y cuantos pretendían una
formación más sólida completaban sus saberes en el extranjero: los teólogos en
París, los juristas en Bolonia, los médicos en Montpellier. Por el contrario,
eran muy escasos los alumnos foráneos en las universidades castellanas
medievales, en contraste con la atracción que ejercerían posteriormente, en los
siglos XVI y XVII. Mientras tanto, durante el siglo XIV y primera mitad del XV,
las universidades hispanas, quizás con la excepción de Salamanca, cuentan con
escasa reputación, su desarrollo resulta precario y sus rentas problemáticas.
LUIS E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. Director del Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX. Universidad de Salamanca.
Con el advenimiento del Estado Moderno de los Reyes Católicos y de los Austrias las universidades medievales peninsulares van a convertirse, progresivamente, en universidades de la Monarquía Hispánica en expansión, verdaderas universidades del Imperio, vivero de profesionales de la administración y la política en la Península, en las Indias y en los territorios hispanos de Europa. Al mismo tiempo, tras los conflictos religiosos de las Reformas, se transforman en bastiones del catolicismo militante, con una proyección internacional que desbordaba sus viejos orígenes regionales.
Por ello, entre 1475 y 1625 asistimos a una verdadera plétora de nuevas fundaciones universitarias en la Península Ibérica. Las causas resultan complejas, pero, como hemos dicho, cabe asignar un importante papel a la necesidad de formación de un funcionariado eclesiástico y una burocracia estatal, sobre todo en relación con los estudios jurídicos. Asimismo, hay que contar con los proyectos de defensa y expansión de la fe católica, vinculados a la formación sacerdotal y a los estudios de teología. A ello se añaden los beneficios que al conjunto social podía aportar la educación en general y ciertas enseñanzas como la medicina en particular. Los sentimientos de promoción regional-localista y el de fama póstuma contribuyen a desarrollar un espíritu emulador por parte de los fundadores. De este modo se despliega un abanico de instituciones con patronazgo mayoritario de prelados o eclesiásticos influyentes, seguidas de otras de patronato real directo o incluso debidas a la aristocracia laica.
Estos nuevos estudios (studia) surgidos entre 1475 y 1625 se acercan más a la tradición parisina que a la boloñesa de las universidades medievales. El modelo que adoptan es el de colegio-universidad o convento-universidad, es decir, consistente en organizar la enseñanza universitaria en el seno de una comunidad de estudiantes escogidos y becados, cortos en número, austeramente gobernados y sujetos a determinados estatutos fundacionales; o bien en el seno de una comunidad religiosa previamente existente.
De la expansión universitaria del siglo XVI peninsular da idea el hecho de que las aproximadamente ocho universidades con grados reconocidos existentes en 1475 se hubieran convertido en 32 hacia 1625. En dicha fecha, los reinos de la Corona de Castilla totalizan 18 de ellas, entre las que se cuentan las tres llamadas mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá (bula pontificia de erección en 1499 y confirmación real de 1512), además de ocho colegios-universidad y cinco conventos-universidad, correspondiendo a las dos Mesetas (las Castillas) la mitad del monto global. Por su parte, la Corona de Aragón cuenta con once universidades, y de ellas cuatro son conventos-universidad. En el Reino de Portugal existen, por esta época, dos universidades, una de ellas convento. Puede observarse claramente una concentración universitaria en el ámbito meseteño, entre el Duero y el Tajo (corazón de las Castillas), así como en el principado de Cataluña. Además, las proporciones de universidades de orígenes medievales, y de control municipal, son mayores en el caso de la Corona aragonesa, frente a la plétora de las nuevas fundaciones castellanas, muy vinculadas al tipo de colegio-universidad.
Más concretamente, la expansión universitaria de que venimos hablando registra su plétora entre 1540/45 y 1570/75, ámbito de ebullición religiosa y política en los territorios de la Corona de Castilla. En este breve período se erigen no menos de seis conventos-universidad y cinco colegios-universidad, así como un seminario-universidad y una universidad propiamente dicha. Por el contrario, entre 1475 y 1500 las fundaciones peninsulares habían sido tan sólo una, y de 1500 a 1540 unas seis, centradas en el primer cuarto del siglo, con el mencionado predominio de los colegios-universidades. Decae la expansión entre 1575 y 1600, con el convento-universidad de San Lorenzo del Escorial como única excepción, y de 1600 a 1625 vuelven a erigirse dos conventos-universidad, junto al espaldarazo definitivo de la Universidad de Oviedo, la cual venía gestándose desde 1575. A partir de aquí, y por saturación de la oferta, las nuevas fundaciones decaen considerablemente hasta finales de la siguiente centuria.
Utilizando como referencia las fechas de aprobación pontificia y regia, podemos esbozar la siguiente periodización universitaria peninsular en la Edad Moderna:
Universidades
fundadas antes de 1475: Barcelona, Lisboa/Coimbra, Gerona, Huesca, Lérida,
Perpiñán, Salamanca y Valladolid; además de la extinta de Palencia.
Universidades fundadas entre 1475 y 1600: Alcalá, Almagro, Ávila, Baeza, Évora,
El Escorial, Gandía, Granada, Irache, Oñate, Orihuela, Burgo de Osma, Osuna,
Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza, Tarragona, Toledo, Valencia, Vich y
Zaragoza.
Fundadas entre 1600 y 1700: Mallorca, Oviedo, Pamplona, Solsona, Tortosa.
Fundadas entre 1700 y 1800: Cervera y La Laguna (Canarias).
Universidades peninsulares hacia 1625
En este contexto de expansión y diversidad, las tres universidades mayores
castellanas de Salamanca, Valladolid y Alcalá adquirieron la categoría de verdaderas
universidades de la
Monarquía, y actuaron como centros dinámicos de atracción y
proyección, atenuando la incidencia de las fuerzas centrípetas, territoriales y
locales. Fue en estas circunstancias cuando se configuró el estereotipo de
Salamanca, que, a partir de los siglos XVI y XVII, constituirá (en la
imaginación colectiva) una de las más famosas referencias simbólicas de la
cultura española.
Por su parte, el resto de los conventos-universidades y colegios-universidades dieron origen a las que convencionalmente se llamarían «universidades menores». Tendieron éstas a atender las necesidades culturales y religiosas de entornos locales, y fueron por ello apoyadas por prohombres y notables destacados. Fueron creadas, en su mayoría, por mecenas eclesiásticos, y algunos seculares, que las dotaron con rentas del diezmo, deuda pública o patrimonios personales. Las cátedras lo fueron en número reducido, limitándose a unas cuantas de gramática latina, derecho o medicina, así como de artes liberales y teología en el caso de los conventos. No obstante, la posibilidad que brindaban para realizar estudios locales, sin los costes de desplazamiento y estancias, al tiempo que las menores exigencias y mayor facilidad y baratura de los grados, contribuirían a mermar la clientela de las grandes universidades imperiales, conforme nos adentremos en los siglos XVII y XVIII.
En medio de esta plétora, conviene distinguir, también, los colegios-universidades, con enseñanza propia y otorgamiento de grados, de otro tipo de colegios, vinculados a universidades preexistentes. La mayoría de sus fundadores fueron jerarcas de la Iglesia, y destinaron sus instituciones a la acogida de estudiantes pobres, preferentemente clérigos, posibilitándoles, de este modo, protección y cobijo. Con el tiempo, muchos de ellos se desviaron de las intenciones fundacionales y fueron dando cabida a grupos privilegiados y oligarquías de letrados. En contraste con sus homónimos de París u Oxford, se trata mayoritariamente de estudiantes residentes, que acuden a las aulas públicas de la universidad central. Únicamente los llamados colegios mayores (seis en total, San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y Arzobispo, todos ellos en Salamanca, Santa Cruz de Valladolid y San Ildefonso de Alcalá) se constituyen como comunidades de licenciados o graduados expectantes y pretendientes de cátedras y cargos burocráticos, y tan sólo en el caso del mayor de Alcalá coinciden con un colegio-universidad. De este modo, en la morfología urbana, y a lo largo de los siglos modernos, un cinturón de colegios seculares y de conventos regulares fue ciñendo los recintos universitarios de mayor prestigio.
Por
su parte, las Américas de los siglos XVI y XVII constituían territorios
periféricos dentro del ámbito general de la Monarquía Hispánica.
Las iniciativas académicas que se plantearon en ellos tomaron como referencia
las soluciones peninsulares de la metrópoli: el modelo de convento-universidad
vinculado a órdenes religiosas concretas, o el modelo corporativo claustral,
más complejo, significado en Salamanca, y aplicado en los centros
administrativos virreinales de Lima y México a las universidades de patronato
regio allí fundadas. Sin embargo, el modelo de colegio-universidad no parece
que contó con patronos privados de suficiente garantía y estabilidad económica.
Pues bien, las universidades hispanoamericanas fueron evolucionando al calor de
fuertes intereses locales, vinculadas a sus clerecías y a los oficios medios de
la administración colonial. Salamanca, universidad prototípica del modelo
claustral corporativo en el ámbito cultural hispano, estuvo más presente en
Lima o México que en las restantes universidades conventuales de la América Hispana;
pero el patrón salmantino se readaptaría posteriormente, y se iría acomodando a
las condiciones concretas de los nuevos territorios ultramarinos.
LUIS E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. Director del Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX. Universidad de Salamanca.
Las reformas ilustradas del siglo XVIII, que parten de lo particular (planes de estudios universitarios establecidos entre 1769 y 1786), culminan en el llamado Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las universidades de la Monarquía. Además del control estatal, quedaba reforzada la figura del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos. Ese mismo año se suprimieron muchas de las llamadas universidades menores, es decir, las instituciones académicas de proyección más localista; en parte por su excesivo número, y por el deterioro académico y la penuria económica de muchas de ellas. Y la función anteriormente cumplida por estas universidades menores, en el ámbito regional, sería transferida y multiplicada con la consolidación de los llamados institutos de segunda enseñanza. Simbólicamente, entre 1836 y 1841, los edificios y bienes de aquellas universidades pasaron a éstos.
Mientras tanto, se suceden alternativas de reformas liberales y restauraciones absolutistas, al ritmo de las oscilaciones políticas generales. Y en medio de este tejer y destejer se van desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de las universidades tradicionales. En 1837 desaparecen los diezmos eclesiásticos, que constituían su fuente de financiación; y, por el plan de 1838, quedaba establecido que dichas universidades se financiasen a partir de los derechos de matrícula y académicos, así como de cantidades otorgadas por los presupuestos generales del Estado. Desaparecen, también, los privilegios jurisdiccionales, y, en general, se va imponiendo paulatinamente la política educativa liberal, según normas centralizadas, emanadas y difundidas desde Madrid. De este modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo financiero y organizativo, a la universidad liberal, centralizada, uniforme y jerarquizada, financiada y controlada por el Estado, rama de la administración del Estado y con un profesorado funcionario. Los estudios eclesiásticos se diluyen, y el alumnado pasa del manteo a la levita.
Esta nueva universidad contemporánea va a construirse sobre proyectos liberales moderados: sobre todo el plan Moyano (1857), que ya se prefijaba en el Plan Pidal (Gil de Zárate) de 1845. En estos planes, como ha sido señalado, se separaba una enseñanza, llamada media, de la propiamente universitaria. Como consecuencia, se crearán institutos provinciales de segunda enseñanza. Surgen como consecuencia de la Ley Pidal, y se estructuran a partir de esquemas y asignaturas de la antigua facultad universitaria de Artes. Y en medio de estos cambios, la facultad de Teología era suprimida por decreto de mayo de 1852; aunque esta disposición no fuera aplicada hasta la supresión definitiva de 1868, tras la «Gloriosa» revolución.
La universidad liberal quedó definitivamente asentada con las leyes de Claudio Moyano (1857), ministro que había sido anteriormente profesor y rector de la Universidad de Valladolid. Podemos considerar algunas peculiaridades del nuevo marco legal. En principio, las universidades quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción Pública. El rector pasa a convertirse en una figura política de designación ministerial. Se consolida, asimismo, un cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir de oposiciones centralizadas. Se ratifican los institutos de segunda enseñanza, los cuales otorgarían el título de bachiller en Artes, tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre. Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; ciencias exactas; físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho; y teología.
Otra peculiaridad de la Ley Moyano, que posee una directa incidencia en el tema que nos ocupa, fue la organización de las universidades en diez distritos o ámbitos territoriales propios. Un distrito central (Madrid) predominante, en el que se impartirían todos los estudios hasta el grado de doctor, y que serviría de modelo y atracción para las restantes universidades de provincias. Los otros distritos correspondían a las universidades de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Como puede observarse, el papel hegemónico tradicional de Salamanca, Valladolid y Alcalá, ha pasado a concentrarse en Madrid que, sustituyendo a Alcalá (a partir del año 1836), mantiene también la influencia de ésta sobre Castilla la Nueva. No obstante, las universidades de Valladolid y Salamanca mantienen una cierta importancia relativa, situadas en una región (Castilla/León) que hacia 1900 suponía el 12,4% de la población española.
Estos
marcos jurídicos uniformes intentarán renovarse con la ley César Silió de 1919,
que suponía el reconocimiento de mayor autonomía administrativa para las
universidades. Se trataba de modificar el modelo centralista decimonónico; pero
el proyecto quedó suspendido con el advenimiento de la dictadura de Primo de
Rivera.
LUIS E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. Director del Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX. Universidad de Salamanca.
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